Aprobada la Reforma de la Morosidad

El objetivo de la norma, es limitar a 30 días el plazo en que la administración debe pagar a las empresas proveedoras, y a 60 días en el caso del sector privado, con un periodo transitorio y progresivo hasta 2013. Asimismo se suprime la cláusula que permitía a las partes acordar un plazo de pago superior al establecido con carácter general por la Legislación, ya que en la práctica se generaba un grave perjuicio para los pequeños y medianos proveedores que no disponían de margen de negociación frente a las grandes empresas.
El alargamiento de los plazos para cobrar facturas alcanza una media de cerca de 100 días en el sector privado, superando los 150 días en el sector público, este hecho, unido a la falta de liquidez ha supuesto que la situación sea insostenible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Con la nueva norma se quiere ayudar a combatir el desempleo.
La norma necesita ser aprobada en el Senado para tener plena validez, pero existe el consenso necesario entre las fuerzas políticas para su aprobación definitiva.
España es el país de la Comunidad Europea, después de Grecia, en el que el plazo de pago es más dilatado.